Lamentan el "mucho daño" causado a su empresa y la reapertura de la mina por el proceso judicial y su impacto mediático
SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables del grupo Magtel, han negado este martes en el juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la alianza México-Minorbis; sociedad esta última perteneciente a su grupo empresarial; que gozasen de cualquier "trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía como promotora del concurso público.
Mario López Magdaleno y después su hermano Isidro, quienes han comparecido este martes como acusados en este juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, han accedido a responder exclusivamente las preguntas del tribunal y de su abogado defensor, Juan Carlos Alférez, quien ha comenzado su intervención con un homenaje al recientemente fallecido letrado Francisco Baena Bocanegra, Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía y referente indiscutible en el mundo del Derecho.
Así, los hermanos responsables de Magtel no han accedido a responder a la fiscal del caso, que no formula acusación dado que el Ministerio Público instó los dos sobreseimientos de la causa acordados en la fase de instrucción y ha solicitado la absolución de los inculpados en este procedimiento; ni de las acusaciones ejercidas por la empresa Emerita, que pujó sin éxito por los derechos de adjudicación de la mina de Aznalcóllar promoviendo la denuncia inicial del caso; Andalucía Mining y Ecologistas en Acción.
"NUNCA PRIVILEGIOS"
En ese marco, Mario López Magdaleno, en unas palabras posteriormente ratificadas por su hermano, ha negado tajantemente que "nunca, para nada" disfrutasen de "trato privilegiado" por parte de responsables de la Junta de Andalucía a la hora de participar en el concurso público promovido por la Administración autonómica para encargar los nuevos derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
"Todo lo contrario, siempre se nos miraba con mucha más exigencia que a las empresas de fuera", ha enfatizado Mario López Magdaleno, descartando además cualquier tipo de relación de amistad con los funcionarios o responsables institucionales de la Junta acusados en este mismo juicio por su papel en el citado concurso; al que concurrieron las ofertas de su sociedad "vehicular" Minorbis con el apoyo de solvencia de Grupo México y la de Emerita, que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico.
Este empresario ha relatado que desde aproximadamente "un año y medio" antes de anunciar la Junta de Andalucía la convocatoria de un concurso público para volver a adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de su balsa de metales pesados; Magtel ya venía dedicándose a las actividades de minería porque "afortunadamente" en Andalucía hay notables yacimientos en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.
LA BÚSQUEDA DE UN SOCIO
En ese sentido, ha explicado que Magtel fundó su empresa satélite Minorbis "como sociedad vehículo" para las actividades mineras y que de cara al mencionado concurso público, sondeó hasta "diez o 12" empresas internacionales del sector porque ni Minorbis ni su matriz Magtel contaban con "capacidad técnica ni financiera" para afrontar en solitario un proyecto de tantas "dimensiones" como la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Fue a través de la consultora Deloitte, que ya trabajaba para Magtel, según ha precisado, como surgió la propuesta de entrar en contacto con Grupo México, una empresa internacional del sector de la minería, que a su juicio aceptó aliarse con Minorbis no sólo por este proyecto, sino además como vía para explorar otras oportunidades en Andalucía.
De este modo, ha destacado que en el mundo empresarial es "normal" una alianza como la conformada entre Minorbis y Grupo México, precisando que la primera concurría al concurso y la segunda ofertaba su "respaldo" técnico y económico, pues al poco de formalizar su pacto aportó "93 millones de euros". También ha definido como "normal" que para la explotación de la mina, ambas entidades creasen la sociedad de propósito específico Minera Los Frailes, encabezada por Grupo México.
SIN "VÍNCULO" CON LOS RESPONSABLES DE LA JUNTA
Mario López Magdaleno ha negado así cualquier vínculo de amistad con los miembros de la Administración andaluza responsables del concurso o de la mesa de contratación; figurando entre los demás acusados de este juicio el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta.
Al hilo, Mario López Magdaleno ha defendido que la facturación de las empresas del Grupo Magtel a la Junta de Andalucía constituye apenas "un uno por ciento" de su volumen total de negocio, o sea "muy poco".
Y especialmente, ha avisado de que la mencionada denuncia penal de Emerita, la apertura y desarollo del procedimiento judicial que ahora cristaliza en este juicio y su repercusión mediática han causado "mucho daño" a Magtel y al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar. "Ha sido una barbaridad", ha lamentado.
Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.