MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Paraguay ha presentado este martes una acusación formal y la apertura de juicio oral y público contra tres exministros y cuatro exfuncionarios del Gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) por presuntamente haber incurrido en los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos.
El documento difundido por el organismo señala al jefe de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui; al responsable de Anticorrupción, René Fernández; y al ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, que también se enfrenta a un juicio oral por presunto soborno del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. De hecho, en octubre de 2022 abandonó el cargo tras reconocer haber tenido relación con el anterior.
Asimismo, están procesados en la causa cuatro exfuncionarios, de los cuales tres desempeñaron altos cargos en la Seprelad.
El Ministerio Público considera que los acusados habrían "formado un esquema" entre los años 2021 y 2022 para la "elaboración y filtración de informe de Inteligencia financiera y filtración de pedido de carácter confidencial realizado a través de la Plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que aspiraba a generar investigación penal en contra de adversarios políticos de Abdo Benítez".
De hecho, la investigación se abre tras una denuncia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y líder del opositor Partido Colorado que, desde el término de su mandato, ha asegurado ser víctima de una "persecución" por parte de "personas en el ejercicio del poder político".
El texto, sin embargo, no menciona a su sucesor, Abdo Benítez, ni a su exasesor y diputado oficialista, Mauricio Espínola, pese a que sí aparecían en el escrito de imputación presentado en marzo de 2024, previsiblemente por su condición de aforados.
El escrito llega después de que las defensas de los procesados recusaran al fiscal general y a otros tres fiscales implicados en la investigación por supuesta falta de objetividad.