Las ONG destacan que supone un avance de cara a hacer justicia a las víctimas de la "persecución por motivos de género" en Afganistán
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han destacado que la petición por parte del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de emitir órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el jefe del aparato judicial de Afganistán, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la "persecución por motivos de género" contra las mujeres afganas supone un avance de cara a hacer justicia a las víctimas.
"La solicitud del fiscal del TPI de que se emitan órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibán por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género debería poner de nuevo en el punto de mira de la comunidad internacional la opresión de las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género por parte de los talibán", ha declarado la directora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson.
En este sentido, ha manifestado que "sin justicia a la vista en Afganistán, las solicitudes de órdenes de arresto de la TPI ofrecen una vía esencial para que se rindan cuentas". Además, Evenson ha subrayado que "los crímenes internacionales cometidos en Afganistán son numerosos, pero se necesita un enfoque amplio en materia de rendición de cuentas para romper los ciclos de impunidad que han llevado a más abusos".
Así, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha afirmado que el anuncio "es un acontecimiento importante que da esperanza, dentro y fuera del país, a mujeres y niñas afganas y a los perseguidos a partir de su identidad de género o expresión, incluidos miembros de la comunidad LGBTI".
"Es un paso crucial para que rindan cuentas todos los presuntamente responsables de la privación por motivos de género los de derechos fundamentales a la educación, la libertad de movimiento y expresión, a la vida privada y familiar, de asamblea y a la integridad física", ha sostenido.
Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "reconozca el apartheid de género como un crimen bajo el Derecho Internacional para reforzar los esfuerzos a la hora de combatir los regímenes institucionalizados de opresión sistemática y dominación impuestos a partir de motivos de género".
"El fiscal ha reconocido que los cargos representan sólo una fracción de la victimización que ha tenido lugar en Afganistán desde hace más de dos años y que afecta a gran parte de la población", ha sostenido Callamard, quien ha pedido al TPI y a la comunidad internacional en su conjunto que "incrementen de forma significativa sus esfuerzos para abordar la persecución de género y otros crímenes bajo el Derecho Internacional en Afganistán".
AMNISTÍA PIDE A KHAN "EXPANDIR" SUS INVESTIGACIONES
Por ello, ha pedido a Khan que "expanda" sus investigaciones en Afganistán para incluir las "graves violaciones" registradas desde mayo de 2003, "incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros malos tratos, arrestos arbitrarios y detenciones, desapariciones forzosas, masacres de civiles y ataques sistemáticos y generalizados contra hazaras y otras minorías étnicas por parte de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)".
"Amnistía Internacional pide también al fiscal del TPI que reconsidere su decisión de 2021 de dar menos prioridad a las investigaciones sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por el Ejército estadounidense, el personal de la CIA y otras fuerzas internacionales que tenían presencia en el país, así como por el antiguo aparato de seguridad del gobierno", ha recalcado.
"Esta decisión conlleva el riesgo de contribuir a la percepción de un enfoque selectivo de la justicia internacional que prioriza los intereses de los Estados poderosos y sus aliados sobre el derecho a la justicia de las víctimas de crímenes de Derecho Internacional", ha zanjado Callamard.
El fiscal jefe del TPI explicó que las peticiones "se basan en diversas pruebas" y ha insistido en que "mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI hacen frente a una persecución sin precedentes e inconcebible por parte de los talibán". "Nuestra acción demuestra que el 'statu quo' de las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supervivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen una rendición de cuentas (por parte de los responsables de estas violaciones) ante un tribunal de justicia", señaló.
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto una batería de restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, llegando a prohibir que trabajen en el sector público o limitando su escolarización más allá del sexto curso.
Entre las medidas restrictivas se incluyen la "ley del silencio" que declara la voz de la mujer como algo que sólo puede ser escuchado "en casos de necesidad".
El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.