SANTO DOMINGO, 21 Nov. (Reuters/EP) -
Venezuela está mediando entre Santo Domingo y Puerto Príncipe, enfrentados por un polémico fallo que priva de la nacionalidad a miles de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana.
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo a Reuters este jueves que una misión del Gobierno dominicano y representantes del Gobierno de Haití se reunieron el martes en Caracas, "porque Venezuela se ha interesado y está muy preocupada por el tema, mostrándose facilitadora para una solución".
El Gobierno de Haití se ha opuesto a la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de septiembre que despoja de su nacionalidad a cientos de miles personas, el cual también es rechazado por otros países del Caribe.
"Hicimos contacto, hicimos una reunión previa, de inicio. Venezuela quiere armonía en la región y nosotros valoramos eso positivamente", dijo Fadul, quien preside además el Consejo Nacional de Migración.
Sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre los resultados del primer encuentro, al que asistió el ministro de la Presidencia dominicana, Gustavo Montalvo, y en el que participó un asesor jurídico del presidente Danilo Medina. "Habrá otros encuentros en fechas próximas", comentó el funcionario.
La reunión es la primera oficial que se conoce públicamente entre representantes de Haití y República Dominicana tras la sentencia que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes extranjeros indocumentados nacidos en el territorio del país.
Líderes extranjeros, agencias de la ONU y grupos de derechos humanos han pedido al Gobierno que revoque el fallo por considerarlo discriminatorio.
SENTENCIA
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional establece limitaciones a la nacionalidad de hijos de extranjeros en República Dominicana.
La mayoría de los afectados por la decisión del tribunal son descendientes de inmigrantes haitianos que viajaron al país para buscar trabajo.
Según este fallo judicial, éstas personas han perdido sus derechos básicos, entre ellos el derecho a votar, y hacen frente a trabas para acceder a los servicios básicos.
Una red de 25 ONG ha enviado una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para pedirle que use "todos los puntos presión disponibles" para presionar al Gobierno dominicano y conseguir que anule el fallo.