Pide a la Sala de Apelaciones que celebre una vista oral antes de resolver su nueva impugnación
MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha vuelto a recurrir la decisión del instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no amnistiar el delito de malversación por el que está procesado, acusando al magistrado del Tribunal Supremo (TS) de una "grotesca arbitrariedad" por hacer una interpretación "contra reo" para eludir la voluntad de la ley.
Fue el pasado junio cuando el magistrado instructor rechazó aplicar la amnistía a la malversación, al tiempo que preguntó a las partes si procedía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre si el perdón debía extenderse a la responsabilidad derivada del delito de desobediencia.
La defensa de Puigdemont recurrió en reforma, instando a Llarena a reconsiderar su decisión, pero el magistrado del TS se ratificó el pasado 10 de septiembre, fallo que ahora el ex presidente catalán recurre elevando el asunto a la Sala de Apelaciones, a la que pide celebrar una vista oral antes de resolverlo.
El líder independentista recuerda que Llarena no amnistió la malversación porque observó un "propósito de enriquecimiento" en los actos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, justo una de las excepciones que impiden perdonar dicho delito, conforme recoge la propia ley.
Para Llarena, el enriquecimiento alcanza cualquier beneficio que hubiera exigido el pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente el nivel de riqueza del sujeto en cuestión. Y ponía como ejemplo el pago del banquete de una boda con fondos públicos.
Sin embargo, Puigdemont considera que se trata de una "excéntrica interpretación" basada en "un arbitrario entendimiento del concepto de 'propósito de enriquecimiento'" al que se refiere la ley de amnistía.
Un concepto que "se extiende hasta el absurdo con el indisimulado propósito de torcer la voluntad del legislador y, así, excluir a mi defendido del ámbito de aplicación de la amnistía", dice el abogado de la defensa, Gonzalo Boye.
A su juicio, es "obvio" que "el propósito de enriquecimiento al que se refiere el legislador debe ser entendido en su sentido literal y restringido: un incremento tangible, directo y material del patrimonio personal, derivado del desvío de caudales públicos al patrimonio personal".
Puigdemont advierte de que otra interpretación sería no solo "arbitraria" sino "expansiva". Y "las interpretaciones expansivas en materia penal son peligrosas, ya que generan inseguridad jurídica", recalca.
APLAUDE EL VOTO DE ANA FERRER
Además, destaca que esta interpretación "irrazonable" ya se pone de manifiesto en el "contundente y bien fundamentado" voto particular de la magistrada Ana Ferrer, la cual defendió --en contra del criterio de sus compañeros-- que la malversación del 'procés' sí es amnistiable.
Con todo, la defensa sostiene que "el hecho de que los procesados no se hicieran cargo con su patrimonio personal del coste de la organización del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 no puede considerarse enriquecimiento en términos estrictos, ni tampoco en términos lógicos o razonables".
También reprocha a Llarena los ejemplos utilizados, indicando que "no se puede comparar la búsqueda de un objetivo político con el uso de fondos públicos para fines privados, como un viaje personal" o una boda.
NO HUBO "IMPACTO" EN LOS FONDOS UE
Por otro lado, Puigdemont ve igualmente "extravagante" el otro argumento en el que se basó Llarena para no perdonar la amnistía: que la posibilidad de que Cataluña se independizara afectaba a los intereses financieros de la UE --otra de las excepciones legales-- por cuanto amenazaba sus ingresos.
"Este argumento se basa en una especulación tardía sobre un posible daño a los intereses financieros de la Unión Europea, sin que se haya demostrado un impacto directo y concreto", afirma el recurso.
La defensa argumenta que "no existe una conexión real entre los actos del referéndum y una afectación tangible a los fondos de la Unión Europea", hasta el punto de que "en todo este tiempo" Llarena "no pronunció una sola frase en tal sentido, mucho menos acordó diligencia de investigación alguna".
Añade que "ninguna institución de la Unión Europea, en estos ya siete años, se ha manifestado en tal sentido ni ha participado en nada de aquello sobre lo que pretende elucubrar" el magistrado.
"Y, dicho sea de paso, de ser cierta esta especulación sobre la supuesta afectación de los intereses financieros de la Unión Europea, entonces (Llarena) debería haberse inhibido en favor de la Fiscalía Europea, que sería la competente para investigar esos hechos", apostilla.