MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Poder Judicial de Perú ha ratificado este jueves la anulación del juicio por lavado de activos y organización criminal contra la líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y otros coacusados en el marco del caso 'Cócteles'.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones ha declarado "infundadas" los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos para revocar la resolución que emitió el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional a mediados de enero, según reza el fallo.
Giulliana Loza, abogada de Fujimori, ha celebrado que la justicia haya "vuelto" a darles "la razón", después de que "desde el primer día" denunciaran "con firmeza y convicción" que "este proceso era arbitrario". "Señalamos cada atropello, cada vulneración al debido proceso, cada intento por torcer la justicia con fines políticos", ha declarado.
Tras el fallo, Fujimori ha asegurado que "siempre" ha dado "la cara" y ha colaborado con la justicia, mientras que "de la otra parte, solo" recibió "abusos sistemáticos" que le llevaron "incluso a perder la libertad". "He pasado casi una década desde el inicio de las investigaciones (...) En mi caso, casi un año y medio de prisión injusta y alejada de mi familia", ha lamentado.
"Sé que nadie nos devolverá el tiempo sufrido, pero deseo con todo mi corazón que este caso sirva para que no se cometan más abusos en nombre de las ideologías y las venganzas políticas. Gracias a Dios por habernos ayudado a resistir, sobre todo en los momentos en que todo estaba en contra y aun así nadamos contra la corriente", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.
El caso 'Cócteles', que recibe el nombre de los eventos que Fuerza Popular organizó para recaudar fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, se remonta a 2016 y trata sobre la financiación irregular de sus fallidas campañas.
Según la hipótesis fiscal, durante las campañas para las elecciones de 2011 y 2016, Fuerza Popular realizó una serie de eventos de recaudación de fondos, denominados 'cócteles', para financiar las campañas. Se trataba de fastuosas cenas cuyo coste rondaba los 500 euros que servían de fachada para "blanquear" dinero que entraba de forma irregular desde otras empresas.
A dicha estrategia se le conoció como el 'pitufeo', que consiste en el fraccionamiento ilícito de aportaciones en pequeñas cuantías por parte de diferentes personas para evitar la detección por parte de los mecanismos de control del sistema bancario. Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. También figura un aporte de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.