LIMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Segunda Supraprovincial de Lima, la capital peruana, ha descartado este miércoles que las esterilizaciones llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori estuvieran destinadas a violar Derechos Humanos, aunque sí ha indicado que respondieron a una política de Estado.
La resolución, emitida por la fiscal Marcelita Gutiérrez, establece que según la jurisprudencia constitucional y el Derecho internacional, no existe delito de lesa humanidad ni autoría mediata de Fujimori, por lo que ha archivado esta causa, tal y como informan los medios locales.
No obstante, sí se han hallado, tal y como recoge 'La República', casos aislados de violaciones de Derechos Humanos en el programa de esterilizaciones, del que fueron víctimas cerca de 300.000 mujeres, debido a la ejecución de operaciones sin consentimiento e información previa.
Así, la Fiscalía ha indicado que procederá a interponer las pertinentes denuncias a los médicos y sanitarios directamente relacionados con los casos.
En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca concluyó que ni Fujimori ni sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta tienen "ninguna responsabilidad delictiva" en los casos de esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas.
Guzmán Baca ya ordenó entonces archivar la denuncia en lo que respecta al delito de crimen de lesa humanidad porque "no se han encontrado indicios" de que el Gobierno de Fujimori hubiese tenido intención de esterilizar de manera forzosa a las mujeres pobres del país.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial había reabierto la investigación de las esterilizaciones forzosas en junio del 2013 a raíz de una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado peruano, ya que el número de mujeres afectadas era muy alto.
CONTROL DE NATALIDAD
De acuerdo con algunas de las investigaciones judiciales, el Gobierno de Fujimori podría haber implementado un programa de control de natalidad que consistió en realizar esterilizaciones forzosas a 1.500 mujeres de las zonas alto andinas del país.
"En la década de 1990 existió, como política de Estado, un programa de planificación familiar, en el que se encontraban las esterilizaciones, que debían ejecutarse siempre y cuando existiera el consentimiento expreso de la persona afectada, es decir, debían ser voluntarias", explicó a finales de 2012 el Ministerio de Justicia.