CIUDAD DE GUATEMALA, 9 Feb. (Reuters/EP) -
Los secretos guardados en documentos que durante años permanecieron abandonados bajo el lodo y desechos de murciélago en una bóveda pronto podrían ayudar a encarcelar a altos exfuncionarios guatemaltecos por delitos cometidos durante la guerra civil que terminó en 1996.
Los datos encontrados en los millones de documentos de la policía han revelado casos de represión gubernamental durante la guerra civil --que se extendió 36 años-- y han arrojado suficientes evidencias para comenzar a llevar casos a juicio.
Por primera vez en la historia de Guatemala, un exjefe de la policía enfrenta un juicio sustentado en la evidencia recolectada en el archivo de la policía, un laberinto de cuartos oscuros encontrado por casualidad en 2005, tras una explosión en un derruido edificio usado como almacén de municiones.
Héctor Bol de la Cruz, exdirector de la policía nacional, está acusado de la desaparición de Fernando García, un estudiante y activista de 27 años, a quien se habría visto por última vez el 18 de febrero de 1984.
La primera audiencia ha sido suspendida por una apelación de la defensa, que pretende retirar al juez del caso. Pero los familiares de García dicen que el juicio les da la esperanza de saber finalmente qué pasó con él.
"Pienso sobre cómo se sentiría mi padre", afirmó Alejandra García, hija de Fernando, que era solo una bebé cuando él desapareció. "El estaría feliz de finalmente ver un poco de justicia en este país", agregó.
La caótica pila de papeles y bitácoras escritas a mano están siendo limpiados, restaurados, digitalizados y respaldados en servidores fuera del país por grupos de derechos humanos, para que los fiscales puedan usarlos para resolver crímenes de la guerra civil.
Ese proceso podría llevar años, y el pesado trabajo se traduce en que actualmente solo tres casos están siendo procesados con material del archivo, que almacena unos 80 millones de páginas con retratos, perfiles de presuntos izquierdistas, incluyendo hasta sus rutas diarias.
MÁS CASOS A FUTURO
Los familiares de unos 45.000 activistas de izquierda desaparecidos han contactado con grupos de Derechos Humanos locales pidiendo ayuda para encontrar información de sus parientes en el archivo. Guatemala hizo los documentos accesibles al público en 2009, y unos 12 millones de copias digitalizadas de los archivos han sido publicados en Internet por la Universidad de Texas, en Austin.
Los familiares de algunas de las víctimas de la guerra civil ven estos juicios como el final de décadas de impunidad para aquellos que ordenaron la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas. Sin embargo, estructurar un caso resulta complejo y los arrestos de exfuncionarios de seguridad aún son pocos.
Especialistas de Derechos Humanos aseguran que el éxito en esos casos elevaría a Guatemala al nivel de países como Ruanda y Alemania, que llevaron a la justicia a exfuncionarios de gobierno y militares por sus atrocidades.
Una comisión de la verdad, establecida bajo los acuerdos de paz de 1996 y respaldada por Naciones Unidas, concluyó que las fuerzas militares fueron responsables de más del 85 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra, que cobró la vida de unas 250.000 personas.
Pero el Ejército aún tiene una presencia poderosa en Guatemala. Otto Pérez Molina, un general retirado y exjefe de la unidad de Inteligencia militar, fue electo presidente el año pasado y asumió el cargo en enero.
Algunas personas temen que pudiera frenar los juicios de crímenes de guerra. Sin embargo, Pérez Molina insiste en que no impedirá que se haga justicia. "El presidente no puede interferir en los procedimientos judiciales", aseguró hace unas semanas. "No tenemos razón para remover a aquellos en el poder judicial que están haciendo bien su trabajo", señaló.
Durante el conflicto, la policía trabajó muy cerca del Ejército para acabar con el movimiento guerrillero y el archivo policial podría arrojar evidencia de esos vínculos, según investigadores.
"Estos documentos han sido fundamentales", resaltó Alejandra García, ahora una abogada de 29 años. "Han demostrado que mi papá fue capturado por fuerzas del Estado, qué pasó, dónde y quién estuvo involucrado", explicó.