Responsabilizan de su seguridad al presidente Daniel Noboa, "autor de su secuestro" en la Embajada de México en Quito
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Personalidades afines al Grupo de Puebla, que aglutina a expresidentes progresistas latinoamericanos, han publicado un manifiesto en el que reclaman la libertad del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en prisión en La Roca (Guayaquil) tras ser detenido en la Embajada de México donde se encontraba bajo asilo político, y el respeto al derecho internacional.
En el manifiesto, el Grupo de Puebla ha denunciado que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la "incursión violenta de fuerzas militares y policiales" contra la Embajada de México en Quito, en una operación que, según ha señalado, tuvo como objetivo el "secuestro" de Glas, "perseguido judicial y políticamente desde hace siete años" y que se encontraba en calidad de asilado político en esa sede diplomática.
El texto lo firman desde España el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y otros dirigentes de la izquierda española, como la exministra y dirigente de Podemos Irene Montero o el secretario general del PCE, Enrique Santiago.
También han firmado el manifiesto otras personalidades españolas como el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el juez Baltasar Garzón, el diputado de En Comú Podemos Gerardo Pisarrello o el politólogo Katu Arkonada. Igualmente lo han respaldado otros exdirigentes internacionales como los expresidentes Alberto Fernández (Argentina), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
El texto inlcuye asimismo las firmas de Jorge Arreaza (Venezuela), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Silvio Rodríguez (Cuba), Iván Cepeda (Colombia) y numerosas personalidaes políticas y sociales de Ecuador.
Desde el manifiesto han recordado que "no existe antecedente" en la región "de un ataque de esta naturaleza a una embajada para secuestrar a un asilado". "Ni las dictaduras militares se atrevieron a perpetrar una agresión de este tipo que, en este caso, fue instruida desde la más alta autoridad del Estado", han recalcado desde el Grupo de Puebla, que ha reiterado que Glas "fue secuestrado con violencia y fue víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes" y actualmente "sufre constantes amenazas de muerte" mientras su entorno "es permanentemente hostigado y amedrentado".
Los firmantes han subrayado que "la propia justicia ecuatoriana, en la resolución de un recurso de Habeas Corpus reconoció que la detención de Jorge Glas fue ilegal" pero, en cambio, "no decretaron su libertad inmediata y lo mantienen en la cárcel de máxima seguridad llamada 'La Roca'".
En este sentido, el Grupo de Puebla ha afirmado que la situación del exvicepresidente ecuatoriano "amenaza la estabilidad regional" y ha mostrado su preocupación por la salud e integridad física de Jorge Glas y sus allegados. "Su seguridad es de entera responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, autor de su secuestro", ha señalado.
Así, han lamentado que el Sistema Interamericano, "pese a la gravedad de estos hechos" y a que Jorge Glas recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2019, "guarde silencio y no exija el respeto al sagrado derecho al asilo".
El Grupo de Puebla ha pedido "el inmediato retorno a la situación previa al asalto" a la Embajada mexicano, volviendo "al estatus de asilado político a Jorge Glas". Por último, ha reclamado que prevalezca la protección que, en el marco del derecho internacional, "corresponde a Jorge Glas, y que se le otorgue el salvoconducto correspondiente para que pueda trasladarse sano y salvo a territorio mexicano".
La Policía de Ecuador irrumpió en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera 'número dos' del presidente Rafael Correa.
Las autoridades ecuatorianas acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.