MÉXICO DF, 27 Nov. (Notimérica) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los once detenidos tras las manifestaciones del 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución de México DF, más conocida como El Zócalo, por los 43 'normalistas' de Ayotzinapa, están en peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto y han sufrido malos tratos durante su detención.
Los once detenidos han sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en lugares muy apartados, lo que "limita seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares", según ha establecido AI a través de comunicado.
Han sido acusados por la Procuraduría General de la República de asociación delictiva, intento de homicidio y motín, además de formar parte de "un grupo anarquista". Sin embargo, ellos han asegurado que no se conocían de antes y que sólo se manifestaban por los 'normalistas' desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
AI ha denunciado que las autoridades les negaron durante aproximadamente dos días el derecho a acceder a un abogado de su elección. Además, todos han asegurado que la Policía los golpeó y amenazó mientras estaban bajo custodia, lo que han confirmado los representantes legales que se reunieron con algunos de los detenidos, afirmando que presentaban golpes en la cara, hemorragias en los ojos y cortes en los brazos.
Estas detenciones y los cargos penales federales han tenido lugar dos días después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, advirtiera de que las manifestaciones podían crear "desestabilización" y "desorden social" y atacar el "proyecto de nación".
AI ha instado a todos los Gobiernos a que pidan a las autoridades mexicanas que lleven a cabo una investigación "exhaustiva e inmediata" sobre "la presunta detención arbitraria y malos tratos a los once manifestantes", para comprobar si ha existido "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de Derechos Humanos".
"Esa investigación debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales o permitir que dichos exámenes sean realizados por expertos forenses independientes, instando a las autoridades a proporcionar a todos los detenidos atención médica adecuada", según reza el comunicado de AI.
LOS DETENIDOS DEL ZÓCALO
Los once manifestantes -tres mujeres y ocho hombres- formaban parte de los miles de personas que salieron a la calle en México y otros países el 20 de noviembre para exigir una respuesta oficial urgente y efectiva en el 'caso Ayotzinapa', la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela de magisterio de Ayotzinapa, estado de Guerrero.
La mayoría de las manifestaciones que se celebraron en Ciudad de México el 20 de noviembre fueron pacíficas. En muy pocos casos se informó de disturbios y actos de violencia contra policías. Sin embargo, parece ser que los policías "utilizaron fuerza desproporcionada contra los manifestantes", según AI.
"Recurrieron a las detenciones arbitrarias y los malos tratos bajo custodia, en un aparente intento de castigar a los manifestantes y disuadir a otras personas de participar en manifestaciones futuras", según continúa el comunicado.
Además, AI ha documentado casos similares en manifestaciones celebradas previamente en Ciudad de México. El 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, varios manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos graves.
"La mayoría fueron juzgados y absueltos meses después. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su arresto o mientras estuvieron bajo custodia. Aunque los casos se documentaron adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estas violaciones de Derechos Humanos", ha denunciado AI.
Varios estados mexicanos han adoptado o intentado adoptar recientemente leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones.
Aunque las recientes declaraciones de Peña Nieto y otros altos cargos "no reconocen los motivos que han provocado estas manifestaciones" y "trasmiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país un inquietante mensaje que podría indicar que el uso desproporcionado de la fuerza y otras violaciones de Derechos Humanos son aceptables al tratar con manifestantes", ha concluido AI.
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