BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno argentino y el sector agropecuario apostaban el sábado a continuar dialogando para resolver los problemas de los productores, pese a la falta de avances tras el primer encuentro de la víspera.
El Gobierno anunció el viernes medidas para favorecer al sector, pero se negó a reducir los impuestos a las exportaciones, el principal reclamo de los chacareros y que el año pasado llevó a una extensa protesta con bloqueos de carreteras, huelgas comerciales y multitudinarias marchas.
El conflicto concluyó en julio del 2008 cuando el Congreso rechazó el alza impositiva que impulsaba el Gobierno, pero el sector mantiene viva la exigencia de una baja tributaria, junto con otras medidas para favorecer la golpeada industria lechera y la producción de carne, entre otras.
"Seguiremos dialogando como lo hicimos ayer (viernes), como lo haremos siempre", dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, durante el acto de apertura oficial de la muestra rural que se realiza todos los años en un predio de la ciudad de Buenos Aires.
"Necesitamos que algún día el diálogo trascienda en actos", agregó.
El tradicional acto, al que no asistió ningún representante oficial, contó con la presencia de los titulares de las tres entidades agrarias que forman la comisión de enlace, creada en 2008 para enfrentar el alza impositiva del Gobierno, que se mostraron unidos para continuar con sus exigencias.
También asistieron dirigentes políticos de la oposición y se leyó una carta del vicepresidente Julio Cobos, quien con su voto decisivo abortó el año pasado en el Senado el aumento de los tributos, lo que catapultó su figura y lo enfrentó definitivamente con el Gobierno.
CRITICAS
Pese a la disposición a continuar dialogando, Biolcati no ahorró críticas al Gobierno al calificar al Estado de "predador insaciable" y asegurar que "el campo ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y de las políticas equivocadas".
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández reiteró el sábado que el Gobierno no está en condiciones de bajar los impuestos a las exportaciones, llamadas retenciones, ante la estrechez fiscal, pero aseguró que escuchará todos los reclamos del sector.
"En tanto y en cuanto no encontremos una alternativa, nuestra posición va a seguir siendo la de no reducir los derechos de exportación", dijo Fernández al canal TN.
"Todas las medidas que nos ofrezcan van a ser analizadas y no cerramos la discusión a nada", agregó.
La reanudación del diálogo con el Gobierno se produce luego de la derrota electoral del oficialismo en los comicios parlamentarios de fines de junio.
Tras las elecciones, la presidenta Cristina Fernández modificó parcialmente su gabinete y convocó al diálogo a todos los sectores políticos y económicos del país.
Los dirigentes agropecuarios destacaron el sábado que no prevén por el momento reanudar las protestas en las carreteras o las huelgas comerciales, y que apuestan a lograr la ansiada baja de las retenciones en el Congreso.
"Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con los legisladores", dijo Biolcati luego del acto.
Cuando el 10 de diciembre se produzca el recambio de legisladores, el Gobierno perderá la mayoría en ambas cámaras, al tiempo que asumirán varios representantes del sector agropecuario.
De todos modos, legisladores de la oposición y dirigentes agrarios quieren tratar en el Congreso la baja de los tributos antes del 10 de diciembre.
"Las relaciones con el Gobierno están en una situación de negociación tensa, pero negociación al fin, no están rotas las relaciones", dijo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), que forma la comisión de enlace.
Buzzi dijo que el Gobierno desperdició el viernes una "enorme oportunidad" para mejorar la relación con el sector y aseguró que "se puede modificar las retenciones a los productores, se puede hacer si se quiere".
Argentina es el mayor exportador mundial de derivados de soja y el tercero de granos de la oleaginosa, por lo que reducir el impuesto al cultivo, del 35 por ciento actual a un 25 por ciento, como pide el sector, implicaría una pérdida de miles de millones de dólares para el Estado.